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Page 1

constitucional
G A C E TA

Para interpretar y aplicar

del Tribunal Constitucional por ramas del Derecho

la jurisprudencia

DIRECTORES

Jorge Avendaño Valdez
Jorge Santistevan de Noriega �
Víctor García Toma

TOMO 60 / DICIEMBRE 2012

Page 2

GACETA CONSTITUCIONAL (T. 60)

PRIMERA EDICIÓN / DICIEMBRE 2012

2,775 EJEMPLARES

© COPYRIGHT GACETA JURÍDICA

PRIMER NÚMERO, ENERO 2008

IMPRESO EN:

IMPRENTA EDITORIAL EL BÚHO E.I.R.L.

SAN ALBERTO 201 - SURQUILLO - LIMA 34 - PERÚ

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
Derechos reservados. D. Leg. N° 822

Gaceta Jurídica S.A. no se solidariza necesariamente con las opiniones
vertidas por los autores en los artículos publicados en esta edición.

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

2008-02771 (T. 01)

ISSN VERSIÓN IMPRESA: 1997-8812

REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 31501221200980

DICIEMBRE 2012

TOMO 60

SUMARIO
constitucional
G A C E T A

Page 215

GAcetA coNstitucioNAl N° 60

ANálisis y críticA

217

operación no crezcan en la misma proporción.

Estas consideraciones deben necesariamen-
te ser tomadas en cuenta al momento de re-
gular el mercado del transporte de personas
en el ámbito provincial y cuando se resuelven
demandas judiciales o denuncias por barreras
burocráticas contra regulaciones emitidas por
los órganos competentes.

iv. precedentes del indecopi y su
AplicAciÓn A los cAsos descritos

Los casos descritos en la sección I, referidos a
denuncias realizadas por empresas de trans-
porte urbano en contra de decisiones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, fueron
resueltos por el Indecopi aplicando preceden-
tes de observancia obligatoria emitidas por su
Tribunal de Defensa de la Competencia y Pro-
tección de la Propiedad Intelectual, por lo que
es necesario realizar algunas precisiones a to-
mar en consideración en la aplicación de di-
chos precedentes a casos de transporte en el
ámbito urbano.

1. el precedente de observancia obliga-
toria sobre revocación de actos admi-
nistrativos y su aplicación al servicio
de transporte regular de personas

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual del Indecopi, a través
de la Resolución N° 1535-2010/SC1-Indecopi,
aprobó el precedente de observancia obliga-
toria que determina los alcances del procedi-
miento de revocación regulado en los artículos
203 y 205 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, Ley N° 27444; establecien-
do que el desconocimiento de derechos e in-
tereses conferidos por actos administrativos
debe respetar los requisitos establecidos en
los dispositivos mencionados. Asimismo, el
precedente establece que el impedimento o
restricción del ejercicio de los derechos e in-
tereses conferidos por actos administrativos,
sin que exista un pronunciamiento expreso

desconociendo tales prerrogativas, constitu-
yen revocaciones indirectas, y todas las revo-
catorias indirectas son ilegales porque impli-
can la inobservancia de los artículos 203 y 205
de la Ley N° 27444.

Este precedente establece que no solo los
pronunciamientos expresos de desconoci-
miento de derechos e intereses constituyen
revocaciones, sino también cualquier hecho o
medida que indirectamente restrinja o impida
el ejercicio de los mismos, pudiéndose mate-
rializar esta situación en el cambio de condi-
ciones para su ejercicio o modificaciones de
los derechos e intereses conferidos (revoca-
ción indirecta). De lo mencionado y de la re-
dacción de los fundamentos de este preceden-
te, se desprende que el Indecopi considera a
la figura de las expropiaciones regulatorias o
indirectas como revocaciones indirectas y por
lo tanto ilegales, sin mayor análisis17.

La denuncia de la Empresa de Transporte Es-
pecial Solidaridad contra la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima por la modificación a su
autorización de servicio otorgada para ope-
rar la ruta de código NO31, en el extremo re-
ferido al recorrido de la ruta por la Av. Túpac
Amaru, fue resulta por el Indecopi aplicando
este precedente. Esta entidad argumentó que
existía una modificación de acto administrativo
y ello constituía una revocación indirecta, sin
embargo no realizó una valoración adecuada
del marco normativo que sustentó la decisión
de la comuna limeña y no tomó en considera-
ción la finalidad perseguida en un sector que
presenta las fallas de mercado anteriormente
descritas.

Por ello, debido a la relevancia que tiene este
precedente para la decisión del Indecopi res-
pecto de las medidas adoptadas por la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima en ma-
teria de transporte, es necesario resaltar lo
siguiente:

17 Los fundamentos utilizados por el Indecopi para resolver la denuncia de la Empresa de Transporte Especial Solidaridad con-
tra la Municipalidad Metropolitana de Lima, es un claro ejemplo de cómo se asimila la figura de la revocación indirecta con
la de expropiación regulatoria o indirecta.

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A Nálisis AdmiNistrAtivo y tributArio

218

1.1. Expropiación regulatoria o indirecta
(Regulatory taking)

El Indecopi, refiriéndose a los fundamentos
constitucionales de la figura de la revocación,
señala que la protección de la propiedad no
solo ha sido diseñada para las expropiacio-
nes tradicionales, sino también para las deno-
minadas “expropiaciones regulatorias o indi-
rectas” referidas a los actos gubernamentales
que afectan el valor de la propiedad sin des-
pojar formalmente al propietario de su título, a
las cuales considera revocaciones indirectas.

Sin embargo, al parecer el Indecopi no ha to-
mado en consideración que la figura de la ex-
propiación regulatoria es una institución muy
discutida y cuya aplicación no lleva a un resul-
tado único. Por ejemplo Ulen (1998), citando a
Miceli y Segerson, sostiene que para estos au-
tores gran parte de la dificultad para distinguir
entre regulaciones (que no merecen compen-
sación) y expropiaciones (que dan derecho a
compensación18) es que se requiere una solu-
ción de todo o nada para un problema que es
esencialmente continuo.

Cooter y Ulen (2008) señalan que las regula-
ciones causan una reducción en el valor de
alguna propiedad y cuando los tribunales fa-
llan a favor del propietario, se dice que hubo
una expropiación o confiscación, mientras que
cuando los tribunales fallan a favor del Estado
se dice que hubo una regulación.

En este sentido, las decisiones del Estado re-
feridas a modificación de actos administrativos
no siempre pueden considerarse como ex-
propiaciones (revocaciones indirectas en tér-
minos del Indecopi), sino también como re-
gulaciones, más aun si se considera que la
regulación se establece mediante una nor-
ma, emitida por el órgano competente en ejer-
cicio de sus prerrogativas y previa evaluación
de los costos y beneficios. Así, según Ulen
(1998), Miceli y Segerson proponen como una
de las reglas para resolver este tipo de proble-
mas aquella que decide por la compensación
al propietario si la regulación fue ineficiente, es

decir, si impuso costos sociales más altos que
los beneficios sociales.

Si bien la distinción entre regulación y expro-
piación no es sencilla y no existe consenso ni
una solución única en la doctrina y la jurispru-
dencia, se debe tener en cuenta que lo soste-
nido por Miceli y Segerson, citados por Ulen
(1998) en el sentido que la decisión de com-
pensar (considerar la decisión estatal como
expropiación) o no (regulación) tiene efectos
asimétricos, pero igualmente ineficientes para
el propietario como para el Estado. Si siem-
pre se compensa, los propietarios tendrán los
incentivos para usar de manera ineficiente su
propiedad y la decisión de nunca compensar
crea incentivos para la ineficiente sobrerregu-
lación por parte de los órganos del Estado.

El Indecopi, al parecer, no ha tomado en consi-
deración los incentivos que brinda al aplicar de
manera indiscriminada este precedente, pues
puede hacer que perduren las ineficiencias del
actual sistema de transporte; de personas en
Lima Metropolitana. La decisión de la Munici-
palidad debería haber sido considerada una
decisión destinada a fortalecer las políticas
que a su vez son destinadas a resolver las fa-
llas en el mercado de transporte de personas
en el ámbito urbano a través del uso eficiente
de las vías (bienes comunes), privilegiando el
transporte masivo de personas en un corredor
segregado (El Metropolitano); es decir, la deci-
sión municipal estaba destinada a brindar ma-
yor bienestar social, por lo que más que una
expropiación (revocación) debería ser consi-
derada una regulación.

Adicionalmente, una postura inflexible como la
que adopta el Indecopi estaría desconocien-
do las facultades y prerrogativas que tiene la
Municipalidad Metropolitana de Lima como
entidad competente para regular el merca-
do de transporte de personas, para que a tra-
vés de medidas regulatorias como la modifi-
cación de recorridos de las rutas autorizadas,
pueda brindar una respuesta oportuna a las
nuevas y cambiantes necesidades de viajes

18 De acuerdo con Cooter y Ulen (2008) la diferencia entre regulación y expropiación es que en la primera no se requiere com-
pensación mientras que en la segunda sí.

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íNdice por sumillAs

GAcetA coNstitucioNAl N° 60 431

� implementación del estatuto de roma en la legislación peruana. ¿Mal necesario u
oportunidad de fortalecernos?

Angélica maría burga coronel

La autora señala la importancia de que se implemente el Estatuto de Roma a nuestro ordena-
miento jurídico interno. Al respecto, si bien este Estatuto no contempla expresamente una dis-
posición que obligue al Estado a recoger las descripciones típicas de los crímenes internaciona-
les en él contemplados, esa obligación se deriva tácitamente del principio de complementarie-
dad recogido en el artículo 17. Critica, además, el proyecto de ley existente sobre la implemen-
tación del Estatuto de Roma, señalando numerosos errores en este, y proponiendo determina-
dos criterios para mejorar y entender mejor dicha propuesta ........................................................ 377

� Garantías diplomáticas y obligaciones internacionales: el derecho fundamental a la
vida en los procesos de extradición

óscar Andrés pazo pineda

Los procesos de colaboración judicial internacional han sido concebidos bajo la premisa de la
lucha contra la impunidad. En ese contexto, el autor señala que se ha desarrollado un conjun-
to de herramientas para facilitar la cooperación interestatal, a fin de poder combatir de manera
efectiva contra el delito. Así, las garantías diplomáticas pretenden asegurar que, en el marco de
un proceso de extradición, se tutelen los derechos fundamentales del extraditurus .................... 389

prácticA constitucionAl

� tc evita pronunciarse sobre la criminalización de los activistas de derechos humanos
en caso de detención arbitraria de trabajadores de la vicaría de sicuani

juan carlos ruiz molleda

El autor analiza críticamente una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (RTC Exp.
N° 03380-2012-HC/TC), en la que declaró infundada una demanda de hábeas corpus presentada
a favor de los trabajadores de la Vicaría de Sicuani, apresados con ocasión del conflicto social
ocurrido en Espinar, producido en torno a las actividades de la minera Xtrata Tintaya. Explica
que el Colegiado Constitucional no debió pronunciarse sin más por la sustracción de la materia,
sino que debió emitir una sentencia que prevenga futuras afectaciones que criminalicen la legí-
tima protesta, correspondiendo resolver el hábeas corpus a favor de los demandantes .............. 399

� el retiro de colombia del pacto de Bogotá. consideraciones en torno a la denuncia de
los tratados

luis enrique Gamero urmeNetA

En este informe, el autor evalúa uno de los temas internacionales de coyuntura que suscitó la
mirada de los países latinoamericanos: la denuncia de Colombia del Pacto de Bogotá, luego de
enterarse del fallo adverso que emitió la Corte Internacional de Justicia en la controversia limí-
trofe que mantenía con Nicaragua. Al respecto, el autor explica pormenorizadamente “la denun-
cia de un tratado”, así como sus efectos jurídicos y temporales, advirtiendo que existen tratados
cuya naturaleza no habilita a los Estados a desvincularse de manera unilateral mediante la de-
nuncia (tratados de paz y de delimitación territorial o marítima), entre los que no se encuentran
necesariamente los de derechos humanos (Convención para la Sanción y Prevención del Ge-
nocidio y Convención Americana sobre Derechos Humanos). ...................................................... 403

Page 430

í Ndice por sumillAs

432

� el derecho a la educación y el condicionamiento al pago de las pensiones en centros
de estudios superiores públicos y privados

maría Alejandra González luna

La autora analiza la Ley Nº 29947, Ley de protección a la economía familiar respecto del pago
de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos
y privados; norma publicada en El Peruano el pasado 28 de noviembre de 2012. Sobre el par-
ticular, sostiene que esta ley es de suma importancia para garantizar el acceso a la educación,
empero, todavía falta dar el siguiente paso, que es asegurar la calidad de los profesores y los
centros de estudio, tanto a nivel privado como público ................................................................. 411

� Criterios de ratificación de jueces y fiscales y consulta pública. ¿Quiénes deberían
calificar el desempeño de los magistrados?

rosario del pilar encinas llanos

La autora señala la clara necesidad de diseñar nuevos mecanismos y criterios de evaluación, ca-
lificación y ratificación de jueces y fiscales, a partir de criterios técnicos no solo diseñados des-
de el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también desde la sociedad civil en general. Lle-
ga a esta conclusión, luego de analizar el reciente referéndum –proceso de consulta– que reali-
zó el Colegio de Abogados de Lima, que pretendía calificar el desempeño de los jueces y fisca-
les de Lima Metropolitana. Además, agrega que este no es el mecanismo más adecuado y obje-
tivo para evaluarlos, puesto que los consultados son un porcentaje reducido de abogados que,
de alguna u otra manera, tienen procesos ante ellos .................................................................... 417

Similer Documents