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Page 1

Entrevista
Daniel Hadad

“Soy un libertario
anárquico”

Perfil
Eric Bobo, oo

de Cypress Hill
a Villa Urquiza

Ensayo
Marcelo Tinelli,

el hacedor

Lifestyle
+ Comer: La evolución del snack

+ Autos: El más rápido de todos

Investigación: De estos polvos futuros lodos. Las grietas narco en las paredes del Estado

Juegs exrem�
Camila Poli anda en skate

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_058 / 059 PLAYBOY

tenía cuatro causas vinculadas con estupefa-

cientes cajoneadas en el momento del juicio,

en Octubre de 2014.

El juez de la causa Nicolás Schiavo consideró

que existía motivo para presumir intención

de venta. Karina Pacheco estuvo presa 8

meses y hoy está libre, pendiente de un nuevo

juicio. El TOC 6 de San Martín suspendió el

primero a la espera de la resolución de la

causa de los agentes acusados por corrupción,

que investiga la UFI 8 de San Martín y está a

cargo del juez Lucas Oyhanarte. Los oficiales

Caviglia y Fernández están en libertad bajo

fianza. Hoy, Caviglia es el número dos de

la Superintendencia de Investigaciones de

Drogas Ilícitas de San Isidro. Se negaron a

ir a rueda de reconocimiento y los testigos

tuvieron que identificarlos por fotografías

antiguas en blanco y negro. Reconocieron

a Javier Fernández como el segundo agente

que negoció la coima. La película favorita

de Caviglia es Hombre en llamas, porque

demuestra la corrupción del sistema y la

imposibilidad de escapar a eso, según le

argumentó a la perito del caso de Karina; La

de Fernández, El secreto de sus ojos, por lo

bien que describe la corrupción policial.

***

El entramado en torno a los allanamientos es

solo una de las actividades de las organizacio-

nes ilícitas escondidas en la estructura de las

fuerzas de seguridad. Estos grupos funcionan

como empresas con departamentos y una

jerarquía inviolable. Un exagente de la SIDE,

con veinte años de experiencia en operativos

antinarcóticos y cuya identidad será protegi-

da, describía a esta periodista la maquinaria:

“El jefe de policía de la zona tiene que recau-

dar dinero para el jefe de policía mayor, y

éste debe repartirlo con otros. ¿Cómo se

alían? El narco les ofrece trabajar para él, la

opción es la muerte. Pasa en todas las villas”;

El Dr. Odetti sostiene que “la comisaría de

la zona recibe un canon semanal. Depende

del barrio, pero suele ir desde $ 50 mil a

$ 100 mil. La torta se la reparten entre la

Brigada de Estupefacientes, la DDI y el Jefe

Departamental, que trabajan con las fiscalías

de estupefacientes”.

Lo mismo aseguraba a finales de 2014 un

comisario de Asuntos Internos de la bonae-

rense con 30 años de carrera -“No digas mi

nombre, en este mundo te matan por cinco

lucas”-. Una semana después de nuestra

charla, los medios nacionales recogían la des-

titución de varios agentes de la comisaría del

Gran Buenos Aires que señaló. Hablaba de

un narco en particular: “Siempre ha tenido

la protección de la policía. El jefe local recoge

el dinero, se lo pasa al jefe zonal, que se lo

pasa a Jefatura. Los agentes de a pie no ven ni

un peso, pero si contradicen las órdenes, les

cortan la cabeza. En todas las villas es igual,

los que venden ponen plata. Si la policía

quisiera, la cortaría”. El comisario señaló

a la Policía Bonaerense, la Federal y los

Comandos de Patrulla Ciudadana. Las cifras,

desde $ 50 mil hasta $ 150 mil para cada uno

de los organismos. En total, $ 500 mil.

Según el agente con pedido de detención acti-

va: “La plata que se junta de los jefes de nar-

cotráfico de cada dependencia va para arriba.

Yo sabía que todos los lunes mi director tenía

que llevar la plata, porque me lo contaba él”.

Y especifica: “En San Martín, toda la vida se

cobró la Villa 9 de Julio, la 18 de Septiembre,

y la de los Paraguayos, la Korea y La Cárcova.

En la 9 de julio, ponele que pongan $ 80 mil,

$ 100 mil por mes. En la 18, lo mismo. En la

de los Paraguayos, ponele $ 50 mil. Tenés $

250 mil en villa, sin contar los boliches. Hay

cámaras y siguen vendiendo como si nada. El

narco te decía “No me metan preso a ningún

bolsero –transa- más y les pago tanto”.

***

En mayo, la Policía de Seguridad

Aeroportuaria -PSA- allanó la Procuración

Bonaerense en el marco de una causa que

investiga al suspendido fiscal de San Isidro,

Julio Novo, acusado de frenar investigacio-

nes contra narcotraficantes. El 1 de abril, el

Ministerio de Seguridad descubrió 36 sobres

con $ 150 mil en la Jefatura Departamental

de La Plata de la Bonaerense. En cada sobre

estaba rotulado el lugar y el delito por el que

se había recibido el dinero. Las autoridades

sospechan que se reunía un total de $5 millo-

nes por mes. Tres oficiales fueron desplazados

de su cargo. El máximo responsable de la

dependencia, Darío Camerini, está imputado.

La fuga y posteriores maniobras de distrac-

ción de los tres detenidos por el Triple Crimen

de General Rodríguez vinculado al tráfico de

Efedrina, se sabe, habrían sido imposibles sin

la colaboración de sectores de las fuerzas de

seguridad. Son algunos ejemplos. La lista de

oficiales indagados o detenidos por narcoco-

rrupción en Córdoba, en Santa Fe, Salta, en la

Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires

sigue siendo escrita.

El narcotráfico mueve us$ 320 mil millones

al año en el mundo. El último informe anual

de las Naciones Unidas sobre drogas ubicó a

la Argentina como el tercer proveedor mun-

dial de cocaína, detrás de Brasil y Colombia.

Suficiente para hacerse una idea del avance

del narco en el país. El gobierno actual ha pre-

sentado la Ley de Emergencia, que destina $

1.600 millones para invertir en la lucha contra

el narcotráfico que se volcarán sobre todo en

la frontera. Hay más datos que preocupan: se

sabe de la presencia de carteles colombianos,

mexicanos y peruanos en el país; se sabe que

en 2008 la Argentina protagonizó un boom

de importación de efedrina, colocándose en

el tercer lugar del ranking mundial. Ezeiza es

el segundo aeropuerto del cono sur, detrás del

de San Pablo, con mayor salida de cocaína a

Europa. La Sedronar estima que el narcotrá-

fico le cuesta al país us$ 1000 millones, cerca

del 0.2% del PIB.

Según la Subsecretaría de Lucha contra el

Narcotráfico –con datos de las fuerzas fede-

rales y provinciales-, desde 2003 hasta 2010 la

incautación de cocaína se elevó para estabili-

zarse de 2011 a 2014 entre 10.500 kg y 11.500

kg -la cantidad de procedimientos disminuyó

en los últimos años. Respecto al consumo, la

Sedronar registró un incremento del 766 %

entre 2004 y 2006 y una disminución del 62%

desde ese año al 2008. Según las Naciones

Unidas, se duplicó entre 2000 y 2010. La

incautación de marihuana ascendió desde el

2005 hasta el 2014, año en el que se secues-

traron más de 140 mil kg. Según las Naciones

Unidas, el consumo de marihuana se triplicó

desde 2000 hasta 2010. Entre 2011 y 2015,

el decomiso de drogas sintéticas aumentó

2000 veces. En 2014 se secuestraron más de

670 mil unidades. No existen informes más

actualizados.

***

El dinero que pagan los narcos incluye un

combo de servicios. El objetivo, operar con

libertad. Las formas de “protección” varían.

PLAYBOY InvestigaciónPLAYBOY

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2016 JUNIO_

Según un agente con

pedido de detención activa:

“La plata que se junta de

los jefes del narcotráfico de

cada dependencia va para

arriba. Yo sabía que todos

los lunes mi director tenía

que llevar la plata, porque

me lo contaba él”

Algunos oficiales solo reciben dinero para

dejar vender. Otros avisan cuándo va a haber

allanamientos o cuidan el territorio. En algu-

nos casos, la droga secuestrada en operativos

antinarcóticos termina en manos de los nar-

cos acreditados en las filas del diezmo.

Cuando dos bandas ansían el mismo terri-

torio, los barrios se convierten en campos de

batalla. Pero, para demostrar la existencia de

una lucha territorial, las fuerzas de seguridad

deben relacionar delitos. Si no, los aconteci-

mientos quedan registrados como una segui-

dilla de hechos sin conexión. La Fiscal General

Mónica Cuñarro, especialista en narcotráfico,

lleva haciéndolo al menos diez años. En 2006,

con su colega Carlos Rívolo, presentó una

denuncia en la que relacionaban más de vein-

te causas en las villas 1.11.14 y Rivadavia I y II.

Acusaba a las fuerzas de seguridad de encubrir

al crimen organizado.

En 2006, en la 1.11.14 la batalla se libra-

ba entre los peruanos Aliozo Rutillo Ramos

Mariños –Ruti- y Marco Antonio Estrada

–Marcos-, que hoy sigue siendo el rey de la

villa. La escalada de violencia culminó el 29

de octubre con el famoso episodio de “La

Masacre del Bajo Flores”, en el que murieron

cinco personas durante la procesión de la

Virgen de los Milagros. Los enfrentamientos

se trasladaron a Rivadavia I y II. Cuñarro y

Rívolo reunieron indicios para demostrar una

nueva ola de crímenes y señalar a Los Soliz,

Los Pibes Chorros y Los Quebrados como

las bandas que se disputaban el control de

la zona. Acá, el punto álgido de la violencia

fue una balacera de 40 minutos que escuchó

todo el barrio. La Policía Federal llegó con

el tiroteo terminado. El saldo, un detenido

por portación de arma de fuego de uso civil

y resistencia a la autoridad. En los informes

policiales no se nombra el enfrentamiento, ni

sus motivos o la existencia de dos bandos. La

realidad –que todo el barrio conocía- era que

se trataba de un ajuste de cuentas. La denun-

cia de Cuñarro fue determinante: “La policía

ocultó el verdadero trasfondo al omitir decir

que se trataba de un enfrentamiento entre

dos bandos. La responsabilidad trasciende la

de los funcionarios policiales que labraron el

sumario y de la investigación se determinará

hasta dónde llega esta responsabilidad (…)

Los policías intentan desvincular esto con el

tráfico de drogas”.

En el documento, la fiscalía insiste en esta

connivencia: “No son hechos aislados, for-

man parte de una batalla por el control de un

territorio propicio para el tráfico de estupefa-

cientes que se puede llevar a cabo sin mayores

trabas con la tácita anuencia o participación

de las autoridades que tienen a cargo la segu-

ridad de los ciudadanos”. Y sigue: “¿Puede ser

que desde 1997 no se haya realizado ninguna

actuación de inteligencia previa que permita

vincular estos hechos con la asociación ilícita

de grupos para la venta, comercio o distribu-

ción de drogas? (…) Seguramente la respues-

ta a estos interrogantes es NO. Lo saben, y los

funcionarios omiten proporcionar los datos

necesarios para que se investigue –y se devele-

el trasfondo y la causa madre de estos hechos.

Al fraccionar los hechos, o las causas, u omitir

la vinculación de elementos de prueba, se

ocultan los elementos vitales para desentrañar

la trama y que, de conocerlos, permitiría neu-

tralizar y prevenir este flagelo”.

Mirar hacia otro lado, proteger al mejor pos-

tor, recolectar el dinero y trazar su ruta en

estricto orden jerárquico, ocultar pruebas,

implementar investigaciones cuestionables

–u obviarlas-, pagar información con droga.

Y la alevosía de los rulos, los vendehumo...

las formas de concretar registros irregulares

son tantas y están tan instaladas que la jerga

terminó por clasificarlas. Los hombres a los

que obedecer a menudo no usan uniforme,

o lo visten como disfraz de impunidad. En

la cuneta, los débiles, los giles, los que, de

ser narcos, serían los narcos más pobres del

mundo. Claudia Ferreyra, la dueña de la casa

del caballito verde donde la policía aseguró

encontrar droga, no pudo ubicar las epope-

yas en la geografía europea. Pero, durante

nuestra charla en casa de Aides, de la nada,

como impulsada por una intuición que no

registró, arrancó a hablar de mitología griega.

Se acordó del Caballo de Troya. De cómo

varios soldados entraron en la ciudad for-

tificada escondidos en él. No se le ocurrió

pensar que la mañana en la que un grupo de

agentes transgredió la frontera de su calma

con una orden de allanamiento bajo el brazo,

ella se convirtió en uno de los personajes de

las narraciones que la fascinan: “Los hombres

nos cazarán, los dioses nos maldecirán”. Lo

dijo Paris, príncipe de Troya.



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